El próximo 29 de junio entra en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que prohibirá las llamadas comerciales sin permiso previo. ¿Conseguiremos finalmente dejar de recibirlas?

Esta nueva normativa quiere poner fin a las llamadas comerciales, independientemente de que sean de un teleoperador o de cualquier tipo de comercio.

Las empresas que la incumplan se enfrentarán a multas de hasta 100.000 euros para las faltas leves y de hasta los 20 millones de euros en los casos más graves.

La ley aplica a los números con numeración fija o móvil asignada en España y será la Agencia Española de Protección de Datos el organismo encargado de vigilar que se cumpla esta obligación.

 

¿Como afectará al sector de las telecos?

Cansadas de recibir multas por sus llamadas spam, a principios de 2023, las principales operadoras de España (Movistar, Tuenti, O2, Orange, Jazztel, Amena, Simyo, Vodafone, Lowi, Ono, Másmóvil, Yoigo, Lebara, Llamaya, Happy Móvil y Pepephone) se unieron en un Código de conducta de autocontrol para, entre otros aspectos, pactar el dejar de efectuar este tipo de llamadas de spam y actuar cuando haya un caso relacionado con ellas.

¿Y los 'call centers' de fuera de España? En ese caso la AEPD tiene la potestad sancionadora y podrá aplicar estas sanciones también a estas empresas.

"El consentimiento". Estamos ante la raíz del problema ya que las empresas tienen muchas alternativas para conseguir este consentimiento.

Desde email hasta asociar el permiso con la compra de un producto. Hay mucha letra pequeña que en ocasiones firmamos y que oculta entre todo ese texto un consentimiento que posteriormente deriva en llamadas comerciales.

¿Hay excepciones? Sí, podremos recibir llamadas sin previo aviso cundo su realización sea imprescindible para intereses vitales del ciudadano o se pueda argumentar que hay un interés público (encuestas del Instituto Nacional de Estadística, campañas de sensibilización o algún otro tipo de llamada relacionada con investigaciones).